El Estado es un expoliador de ciudadanos, lo que hace es contentar a unos, y a los otros dejarlos en el camino.
Fausto Salinas Lovon
Abogado defensor de las familias Abril y Zavaleta.
Entrevista de Patricia Marín
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"Para mí este caso significa únicamente la posibilidad de hacer justicia. Es como lo que se dijo del Nobel para Vargas Llosa: una lucha contra las estructuras del poder." |
¿Machu Picchu no fue expropiado?
La expropiación que sufre la familia Abrill corresponde a otra de sus tierras, no al Fundo Q`ente y Santa Rita de Q`ente donde está el Parque de Machupicchu. Lo que está en disputa son Machu Picchu, Huayna Picchu, Pfuyopatamarca, Sayac Marca y Wiñay Huayna, las cuales no se vendieron a Zavaleta y nunca fueron materia de expropiación, porque la propia ley de Reforma Agraria decía que los sitios integrantes del patrimonio cultural no podían ser objeto de expropiación. Lo que ellos pierden debido a la Reforma Agraria es su participación en el fundo Primavera, por lo que les dan los bonos. Pero Machu Picchu, nunca les expropian, simplemente el Estado se apropia de esa propiedad y la usufructúa, cobra millones y nunca les da nada. Cuando ellas tienen que ir a Machu Picchu, siendo herederas, tienen que pagar sus 60 soles para entrar a su propiedad.
¿Cómo era la situación de la hacienda cuando llega Hiran Bingham?
El momento en que llega Bingham, en 1911, Machu Picchu, todavía era propiedad de Mariano Ignacio Ferro y María Laurena Vizacarra de Ferro. Tenemos conocimiento, incluso, que él brinda apoyo a Bingham para encontrar todo lo que encontró, y Bingham en el capítulo cuarto de su obra Lost city of the Incas, dice claramente que está en la propiedad de Mariano Ignacio Ferro.
¿Qué nos puede decir de la resolución que se da en el año 1935?
Esa resolución reconoce el derecho de ellos, pero nunca se inició el juicio de expropiación que alude esta resolución. Es decir hace 75 años el Estado les dice: “Sí, tú eres propietario y te voy a expropiar”, pero nunca lo hizo. Es así de sencillo.
¿Y cómo podemos saber que todo esto es real, que efectivamente ha sucedido?
El proceso de todos estos títulos está debidamente consignado en Registros Públicos. El proceso de compras y ventas de los Nadal y los Abril, todo está debidamente inscrito. Y allí consta que cuando el año 44 deciden ellos vender la propiedad, expresamente excluyen de la venta las ciudadelas de Machu Picchu, Huayna Picchu, Pfuyopatamarca, Sayac Marca y Wiñay Huayna, ¿por qué lo hacen? Porque el Estado se las iba a expropiar y el señor Abrill debía cobrar el haber expropiatorio. Y así dice en la cláusula quinta de la venta que le hacen a la familia Zavaleta.
La familia Zavaleta pasa a ser dueña de todo, menos de las ciudadelas en mención, porque en la cláusula antes mencionada, inscrita en Registros Públicos, en la ficha registral dice expresamente: “se deja constancia que no está comprendida en esta venta el pago de las indemnizaciones que se siguen al gobierno por la expropiación de las ciudadelas incaicas de Machu Picchu, Huayna Picchu, Wiñaynuayna, Sayacmarca, y Puyupatamarca, actualmente poseídas por el Estado, para cuya expropiación existen en trámite los correspondientes expedientes, de resultas cuantías no es materia del presente contrato, acciones que se independizan de fundo Primavera”.
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| "Hemos escrito a Alan García, y lo que ha hecho ha sido derivarnos al INC. La actitud siempre es la misma: “que lo resuelva el que viene”. |
¿Es decir a Zavaleta le venden todos los vestigios arqueológicos?
Le venden el resto de las tierras. Y eso está inscrito en Registros públicos, y los dueños de las ciudadelas y las tierras sobre las cuales se construyeron aquellas son todos los herederos Abril. Por todo esto, salió un decreto supremo el 3975, que dice, " declara como utilidad pública todo el Parque Primavera, propiedad de la testamentaría Abril Vizcarra, en cuyos límites se encuentran las mencionadas ruinas Machu Picchu......autorícese al patrimonio Nacional de Arqueología para que en representación del supremo gobierno se sigan los trámites de expropiación según la ley 6664 y 9125 de la totalidad del fundo rustico Primavera, ubicado en el distrito de Ollantaytambo previa tasación,
¿Cómo representante legal de las Familias Abril y Zavaleta, tuvo alguna vez conversaciones con representantes del Estado? ¿Cuál era su posición?
Yo hablé con la Dra. María Elena Córdova, quien fue la Directora Ejecutiva antes del Dr. Lumbreras. Le hicimos un planteamiento, pero ellos decían que políticamente era un problema manejar el tema; reconocían que había argumentos, que había derechos, pero siempre lo evitaban y lo dejaban para más adelante. Esa ha sido siempre la actitud del Gobierno. Al primer Ministro Jorge Del Castillo, al día siguiente que asumió el cargo, le informamos sobre los dos casos, Abril y Zavaleta, y le remitimos toda la documentación respectiva, diciéndole que el gobierno de Toledo había evitado ese tema y que él debía resolverlo, pero jamás tuvimos una respuesta. Hemos escrito a Alan García, y lo que ha hecho ha sido derivarnos al INC. La actitud siempre es la misma: “que lo resuelva el que viene”.
¿Alguno de ellos ha objetado sus derechos o sus expectativas?
Ninguno se ha atrevido a decir que no tenemos derecho, salvo unos abogados del INRENA, un poco despistados. Pero ninguna autoridad mayor se atreve a negarlo en las conversaciones formales, aunque después salgan a la televisión y digan que estamos locos, que hacemos reclamos insensatos.
¿Cuál es la posición de Zavaleta o en qué forma interviene?
Son los herederos de Julio Zabaleta, que compró la propiedad en 1944, y falleció hace muchos años. Sus herederos reclaman todas las tierras que están aledañas a Machu Picchu. El fundo que se vendió a los Zavaleta era de 22 mil hectáreas, y los herederos reclaman esa extensión, que abarca cerros, áreas de cultivo, y sitios arqueológicos como Runcuracay, Patallacta, Q´ente, Machu Q´ente, pues están dentro de la propiedad que ellos adquirieron.
Tengo que aclarar que el caso de los Zavaleta es distinto, pues ellos sí fueron objeto de una expropiación por la Reforma Agraria. El gobierno de Velasco les expropió una parte de las 22 mil hectáreas, pero ellos pelearon administrativamente y consiguieron que esa expropiación se dejase sin efecto mediante el Decreto Supremo 036-91- AG. Entonces ellos tienen derecho a todas las aéreas donde circulan ahora los Caminos Incas y las extensiones que estaban en el Control, así que ellos solicitan que se les restituya la propiedad. Mientras que los Abril tienen el derecho de reclamar solamente las cinco ciudadelas, que en realidad es la joya de la propiedad.
Ambas familias se pusieron de acuerdo para que yo manejara la defensa en forma conjunta. Eso no le ha gustado al INC, que ha dicho que por arte de birlibirloque he logrado unificar a estas posiciones, ellos están en su derecho de tener la defensa que quieran, y los casos no se implican para nada. Se parecen pero son diferentes.
¿Qué representa este juicio para usted, doctor Salinas?
Los herederos Abril, los herederos Zavaleta, son parte de los miles de silenciosos peruanos víctimas de las injusticias que genera el Estado y que generan las reformas, pero que no toman el camino de la violencia para hacerse escuchar. Creen en el sistema. Son de esas personas que aún creen que la justicia es posible a través de un proceso legal.
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| También lea: Machu Picchu y los reclamos de las hermanas Abril |
Para mi representar estos dos casos es la forma de probar que tengo algún sentido en el ejercicio de mi profesión, porque yo gano dinero y gano buen dinero representado otro tipo de casos, por intereses legítimos, legales y empresariales, pero en ningún caso podré lograr la satisfacción que sentiré por defender este caso, y ver que al final hay justicia con personas a las cuales el Estado, el llamado a protegerlos, al menos a respetar sus derechos, los ha pisoteado. Como ellos hay cientos de personas, que no tuvieron la culpa de la injusticia social en nuestros país, no tuvieron la culpa de las desigualdades sociales, no tuvieron la culpa de una estructura productiva semifeudal, y que pasaron de una posición más o menos a acomodada a la miseria. Entonces, yo siento que éste caso es una posibilidad de reivindicar los derechos de personas que ahora caminan y se esfuerzan, pero que envejecen. El tiempo pasa, pero el Estado va postergando y postergando, y la sociedad mira, como si el tema le pareciera ajeno. En los 70, fueron los propietarios de tierras, en los 80 los propietarios de cuentas bancarias, en los 90 fueron los que aportaron al FONAVI. El Estado es un expoliador de ciudadanos, lo que hace es contentar a unos, y a los otros dejarlos en el camino.
¿Este caso nos permitirá saber si alguna vez el Estado reconocerá esos derechos? ¿O es que ellos tendrán que aliarse con un socio norteamericano protegido por el TLC con los Estados Unidos, para que puedan reclamar en la Corte o en los centros de arbitraje en París? Porque, eso sí, cuando a la Belco le quitan su propiedad, va a una Corte Internacional y le pagan. En cambio, a los Abril y a los Zavaleta, que van a la Corte de Justicia del Cusco, a ellos les dilatan y dilatan. Para mí este caso significa únicamente la posibilidad de hacer justicia. Es como lo que se dijo del Nobel para Vargas Llosa: una lucha contra las estructuras del poder.
