Entrevista al arquitecto Roberto Samanez A.
“ El patrimonio del país, que se está poniendo en riesgo, no es inmutable y puede perder su autenticidad, afectando el derecho de las futuras generaciones a recibir y disfrutar de su mensaje.”
– A su juicio, ¿cuál es la raíz de estos conflictos?
Considero necesario señalar con toda claridad que, lamentablemente, en nuestro país no existen principios rectores que definan una política cultural coherente. La profusión de leyes y normas existentes relativas al patrimonio cultural responde a situaciones coyunturales de diferentes momentos, pero no tenemos postulados definidos sobre la cultura y el patrimonio.
Por el contrario, existe el denominado PENTUR 2005-2015 (Plan Estratégico Nacional de Turismo), que establece las políticas de Estado, acciones concretas y líneas estratégicas de acción para el desarrollo de la actividad turística. Fue elaborado durante el gobierno anterior, pero hasido asumido e implementado por el actual, que desea consolidar el rol protagónico del turismo como factor prioritario en el desarrollo económico del país. En ese plan se destaca que Machu Picchu es un ícono turístico de reconocimiento mundial y que diez sitios culturales y naturales del Perú se encuentran en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Al mismo tiempo, denomina a esos bienes patrimoniales y ecosistemas “productos turísticos” generadores de divisas.
De acuerdo con esa política oficial, los bienes culturales, que son los que nos otorgan identidad, la única riqueza capaz de dinamizar nuestras posibilidades de realización, se convierten en “productos que se ofertan y comercializan”. Por encima de la necesidad de reconocer primero los valores del patrimonio cultural y el derecho que se tiene a nutrirse de ellos y del pasado, el Estado Peruano prioriza su mercadeo.
– ¿Qué opina de los argumentos de los políticos y parlamentarios cusqueños respecto a este tema?
Ningún parlamentario ni político cusqueño ha dicho, demostrando lo poco informados que están, que el referido Plan Estratégico Nacional de Turismo 2005-2015, que constituye una alianza estratégica entre el sector público y privado, presentado y difundido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo todavía en agosto del 2004, ya contenía como medida para la promoción de la inversión pública y privada para la puesta en valor de los “recursos turísticos”, la propuesta que ahora recoge la Ley 29164 para favorecer la inversión privada en los bienes inmuebles del patrimonio cultural de la Nación.
Según la política oficial, los bienes culturales, que son los que nos otorgan identidad, la única riqueza capaz de dinamizar nuestras posibilidades de realización, se convierten sólo en productos que se ofertan y comercializan.”
– ¿Qué señala este plan?
En el ítem 4, “Objetivos estratégicos, estrategias y medidas”, punto 6, se señala literalmente: “a. Desarrollar el programa de concesiones de servicios e infraestructura turística en el entorno de monumentos arqueológicos, áreas naturales protegidas, bosques de protección, entre otros”.
Esto quiere decir que ante la orfandad en materia de protección cultural y patrimonial, por el rol secundario y subordinado del Instituto Nacional de Cultura, hace ya cuatro años que las empresas operadoras de turismo y cadenas de hoteles y restaurantes habían concertado con el ministro de Comercio Exterior de entonces, Alfredo Ferrero, lo que ahora se viene legislando. No nos sorprendamos si dentro de poco se cumple la segunda parte de lo enunciado, concesionando los santuarios naturales de la ceja de selva y la región amazónica.
– ¿En su opinión, como especialista, cual es el verdadero espíritu de la ley en cuestión?
El propósito de la referida ley es, en efecto, entregar en concesión; es decir, facilitar la cesión hecha por el Gobierno a una empresa particular para explotar el producto de las visitas a los monumentos arqueológicos. Hasta antes de la modificatoria de la ley, cualquier monumento, sin importar dónde estuviera ubicado, podía ser concesionado. Hubiera sido posible edificar servicios de hospedaje de alta categoría en las zonas aledañas a los monumentos señaladas por el Instituto Nacional de Cultura.
– ¿Es por eso que protestan las autoridades locales y sus instituciones gremiales?
Contradictoriamente, cuando se leen los comunicados de las denominadas organizaciones vivas del Cusco, entre las que están numerosas asociaciones de empresas dedicadas a la actividad turística (AETTUR, CARETUR, CANTTUR, CARTUC, lo que piden es una política de cultura y turismo del Gobierno Regional del Cusco, que no sea excluyente con ellos. Más que identificarse con los valores del patrimonio cultural y su significado para el rescate de la identidad, les preocupa que la ley de concesiones de los servicios turísticos esté orientada a las categorías de hospedaje y restaurantes de los niveles más altos, que requieren grandes capitales.
Es evidente que si se acepta concesionar las zonas de amortiguamiento en las inmediaciones de los sitios arqueológicos emblemáticos de la cultura inca, se estará atentando contra la intangibilidad de su entorno inmediato. Se actuará en contra de principios de valor universal establecidos por la Unesco, acuerdos que el Perú ha suscrito y está obligado a respetar.
La ministra Mercedes Aráoz dice que la ley pretende promover la inversión y que la manifestación de protesta es fruto de un malentendido. ¿Qué entendieron mal los cusqueños?
La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, obsesionada con la captación de capitales, no ha encontrado ninguna oposición del Instituto Nacional de Cultura que le haga entender que la cultura y el patrimonio son valores que deberían respetarse por encima de cualquier afán comercial. Sorprende que, sin ninguna independencia en las políticas del actual régimen, se haya sometido a cumplir los contenidos del Plan Estratégico Nacional de Turismo del año 2004, propuestos durante el gobierno de Alejandro Toledo.
– ¿Qué es lo realmente está en riesgo?
La protesta, aunque incoherente y manipulada, es justa. Sin embargo, ningún grupo intelectual ni organismo competente para opinar sobre el tema de los bienes culturales y patrimoniales ha presentado una opinión sustentada.
El patrimonio del país, que se está poniendo en riesgo, no es inmutable y puede perder su autenticidad, afectando el derecho de las futuras generaciones a recibir y disfrutar de su mensaje. Con el error que se está cometiendo por falta de políticas culturales, los restos arqueológicos corren el riesgo de perder su condición de herencia identitaria para convertirse en bienes de capital, sin ningún significado para la historia o para la cultura. Es lamentable que los monumentos arqueológicos, que ameritan una aproximación reverente, respetuosa de su carácter testimonial y de su frágil relación con la naturaleza circundante, se intervengan con la lógica del mercado.
Encarar así el patrimonio arqueológico lo hace tan efímero como la demanda del propio turista. Lo que convendría al Cusco y al país es que un grupo intelectual coherente haga un análisis al margen de objetivos políticos y que ese planteamiento se someta a consideración de organismos rectores a nivel internacional, como la Unesco, el Icomos y de entidades privadas internacionales que luchan por la salvaguarda de los monumentos, como la World Monuments Fund. Estamos seguros de que la incoherente posición asumida por el Estado se pondría en evidencia con mayor contundencia que con medidas de lucha de corte social.
“Hay manipulación y desinformación, pero también un sentimiento verdadero de indignación por algo que se considera una injusta imposición ”
– ¿Ud. cree que estas protestas han sido manipuladas?
Creo que hay manipulación y desinformación, pero también un sentimiento verdadero de indignación por algo que se considera una injusta imposición. El empresariado turístico y el Mincetur deberían entender que se trata de una reacción similar a la provocada por la explotación minera, cuando esta se planifica unilateralmente en los centros de decisión, lejanos a las comunidades directamente afectadas. Considero que lamentablemente el rechazo no está siendo canalizado de manera adecuada. Los pronunciamientos se están polarizando y politizando cada vez más, convirtiendo la protesta en una reivindicación social como tantas anteriores.
